La separación inmediata del cabo de la comisaría de Villa Bonita, dispuesta por la Jefatura de Policía de Misiones tras la viralización de un video donde se lo ve errático, dormido y desorientado en pleno servicio, reabrió un debate profundo que va mucho más allá de una sanción administrativa. El caso expuso una problemática que atraviesa a distintas instituciones de la provincia y que, lejos de ser aislada, suma antecedentes dentro de la propia fuerza policial: el avance del consumo de drogas y la falta de un abordaje integral.
El comunicado oficial habla de “tolerancia cero” y de valores institucionales, pero deja fuera una pregunta central: ¿qué contención, acompañamiento o tratamiento recibe un efectivo que claramente atraviesa una situación de consumo problemático? La respuesta, por ahora, parece limitarse a la separación del cargo y a un sumario administrativo, sin mención alguna a la intervención de equipos interdisciplinarios de salud mental y adicciones.
El foco exclusivo en la sanción disciplinaria corre el riesgo de invisibilizar una realidad más compleja. La droga no aparece de un día para el otro ni afecta solo a un individuo; se trata de un fenómeno que viene causando estragos en distintos ámbitos de Misiones, incluida la fuerza policial. Negar o minimizar estos episodios no los hace desaparecer, sino que profundiza el deterioro institucional y humano.
No es un hecho inédito. Existen antecedentes de otros efectivos involucrados en situaciones similares, lo que refuerza la idea de que el problema no se resuelve únicamente con expulsiones. La ausencia de una política clara de prevención, detección temprana y tratamiento deja expuestos tanto a los uniformados como a la sociedad que deben proteger.
En este contexto, llamó la atención el silencio del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, quien no realizó declaraciones públicas sobre el caso. Tampoco hubo anuncios sobre posibles medidas de fondo para abordar el consumo problemático dentro de la fuerza. El interrogante que surge es inevitable: ¿quién vende la droga a los uniformados, que a la vez tienen la responsabilidad de impedir que esas sustancias lleguen a las calles?
Nada de esto desconoce que la Policía de Misiones está integrada por miles de hombres y mujeres que eligieron la institución por vocación, que se juegan la vida a diario, salvan personas, asisten en emergencias y honran el uniforme con compromiso y profesionalismo. Son esos mismos policías los que también terminan pagando el costo reputacional cuando casos como este, mal abordados, generan un aluvión de críticas hacia toda la fuerza.
Separar a un efectivo puede ser necesario desde lo disciplinario, pero no alcanza. Sin una mirada humana, sanitaria y preventiva, estos episodios se repetirán. El desafío no es solo castigar, sino animarse a ver el problema de frente, asumir responsabilidades políticas e institucionales y construir respuestas que cuiden a quienes cuidan a la sociedad.