Las batallas se relacionan con los disturbios del 12 de diciembre, el día en que ganó Lula, cuando algunos partidarios del campamento atacaron la sede de la policía federal y prendieron fuego vehículos en Brasilia tras la detención de un líder indígena partidario de Bolsonaro.
La policía federal dijo que estaba cumpliendo 32 órdenes de registro e incautación en ocho estados bajo órdenes del Supremo Tribunal Federal. "Los delitos investigados son los de daños calificados, incendio, asociación criminal, abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado, cuyas penas máximas combinadas ascienden a 34 años de prisión", expresaron en un comunicado.
Según Cleo Mazzotti, que dirige la división de delincuencia organizada de la Policía Federal, a media mañana se detuvo a cuatro personas, y se esperaban más, mientras la policía sigue buscando a otros 21 sospechosos. Se cumplieron dos órdenes de detención en el estado noroccidental de Rondonia, una en Río de Janeiro y otra en Brasilia, dijo Mazzotti en rueda de prensa.
El Ministro de Justicia entrante, Flavio Dino, aplaudió la operación, afirmando que su objetivo es defender el Estado de derecho "protegiendo la vida y la propiedad" en Brasil. "Razones políticas no legitiman incendios provocados, ataques a la sede de la policía federal, saqueos y bombas. La libertad de expresión no se aplica al terrorismo", tuiteó Dino.