La magistrada, a cargo de la causa judicial por la
desaparición del sumergible, volvió a descartar en principio la posibilidad de
ordenar en lo inmediato el reflotamiento, pero dejó en manos del Poder
Ejecutivo la eventual decisión de hacerlo «por una cuestión de
sentimientos de los familiares de las víctimas».
Advirtió que «habría que hacer un exhaustivo estudio de
factibilidad» en caso de resolverse reflotar la embarcación, para lo cual
se debería contar «con instrumental absolutamente idóneo que no produzca
daños en el material encontrado», ya que corre el riesgo de dañarse la
prueba.
Yañez reiteró que esta operación sería «muy difícil y
muy costosa», por lo que señaló que primero se analizarán las «67 mil
fotografías y registros fílmicos» sobre el lugar en el que fue hallado el
buque, con la esperanza de poder establecer así la razón del naufragio, en lo
que anticipó será una tarea que demandará tiempo, por lo que pidió
«paciencia».
Aclaró que «si con lo que logremos reconstruir con las
imágenes y los videos se llega a entender que se necesita la reflotación de la
nave, habría que hacer un estudio para corroborar si eso es factible tanto
económica como técnicamente».
En este sentido, precisó que con este material se intentará
armar «una suerte de maqueta que permita dar paso a las pericias»
correspondientes para tratar de descubrir el origen del siniestro.
«Las tres fotos que se difundieron ayer, por sí solas
no sirven. Pero antes de irse, la empresa Ocean Infinity procedió a
fotografiar, por pedido mío, toda la escena (del lugar en el que fue hallado el
ARA San Juan). Vamos a contar con todas las condiciones físicas en que quedó la
nave», detalló en declaraciones a la señal TN.
La empresa norteamericana enviará todo ese material «a
través de
próximos días el buque Seabed Constructor para ser sometido a tares de
mantenimiento tras haber terminado con la búsqueda del submarino desaparecido.
Finalmente, la jueza sostuvo que cualquier intención de
traer la nave de regreso a la superficie «por una cuestión de sentimientos
de los familiares de las víctimas, quedará a exclusiva decisión del Poder
Ejecutivo».