El lugar elegido, alejado de las zonas de mayor circulación, pone en evidencia una falta de accesibilidad que podría desincentivar la participación de los usuarios. La audiencia será a las 9 de la mañana, en un horario poco conveniente para muchas personas que, además, deberán trasladarse hasta un lugar distante, lo que plantea interrogantes sobre la real intención de facilitar un espacio de diálogo abierto. La inscripción, que se llevará a cabo solo en dos días (26 y 27 de diciembre), limita aún más la posibilidad de participación de quienes deseen exponer sus opiniones.

A esta situación se suma el reciente paro de choferes que tuvo lugar este lunes y martes, justo en el horario pico, cuando miles de trabajadores y estudiantes se vieron obligados a sufrir los efectos de la paralización del transporte. Durante esas horas, muchas personas se vieron obligadas a buscar alternativas, exponiéndose a retrasos y dificultades para llegar a sus destinos. Este paro, aparentemente aislado, se da en un contexto de negociación por el aumento del boleto, lo que levanta sospechas sobre la relación entre la exigencia de las empresas de transporte y esta repentina convocatoria de la municipalidad.

Los usuarios del transporte urbano ya enfrentan condiciones difíciles. Durante las horas pico, el servicio es insuficiente y los colectivos, en su mayoría, circulan sobrecargados. Las empresas no destinan refuerzos y, en ocasiones, los vehículos que prestan servicio están en malas condiciones: sin aire acondicionado, con asientos rotos y unidades que no cumplen con los estándares mínimos de confort y seguridad.

Si bien las autoridades afirman que el ajuste tarifario responde al aumento de los costos operativos, como el combustible, los salarios y los repuestos, la pregunta que surge es si realmente los usuarios están dispuestos a pagar más por un servicio con tantas falencias. La falta de un plan claro que garantice mejoras en el sistema de transporte, como la incorporación de nuevas unidades o el mantenimiento adecuado de las existentes, deja en evidencia la desconfianza de los ciudadanos hacia las decisiones tomadas por las empresas y el municipio.

En un contexto donde la calidad del servicio sigue siendo deficiente, y con un aumento en la tarifa que se perfila como inevitable, se hace urgente que las autoridades municipales escuchen no solo los argumentos de las empresas, sino también las necesidades de los usuarios. Sin una mejora tangible en las condiciones del transporte, el aumento tarifario podría profundizar la brecha entre los intereses de los prestadores del servicio y los ciudadanos que dependen del colectivo a diario. La audiencia pública del 3 de enero podría ser una oportunidad para abrir un verdadero debate sobre la calidad y sostenibilidad del sistema de transporte público en Posadas, pero todo dependerá de la disposición de las autoridades para escuchar a quienes más sufren las carencias del servicio.