El recurso había sido rechazado inicialmente por el Juzgado Laboral 2 de Posadas y posteriormente por la Cámara de Apelaciones. Los abogados explicaron que estas decisiones motivaron la apelación al STJ, aunque anticiparon pocas expectativas de un fallo favorable. “Queremos agotar las instancias locales antes de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señaló Rivas.
Entre los argumentos presentados, los letrados cuestionaron la imparcialidad del proceso de cesantía, que, según indicaron, involucró a representantes de los tres poderes provinciales en un acto conjunto. Esto incluyó la presencia de la presidenta del Poder Judicial en la conferencia de prensa donde el gobernador Hugo Passalacqua anunció la medida.
La abogada también criticó que los ex policías no tuvieron garantías constitucionales ni un debido proceso. Mientras tanto, las familias de los cesanteados enfrentan dificultades económicas al no percibir salarios ni contar con beneficios sociales desde septiembre.
Paralelamente, avanzan las investigaciones penales
Los ocho ex policías también enfrentan una causa penal por coacción, sedición y conspiración. La Justicia provincial los acusa de intentar desestabilizar la institución policial durante un acampe por reclamos salariales en mayo. Actualmente, permanecen detenidos en unidades penales de Cerro Azul, Loreto y Eldorado.
El Juzgado de Instrucción 3, a cargo de Fernando Verón, investiga los hechos, mientras la Cámara de Apelaciones ratificó la prisión preventiva por la gravedad de las acusaciones y el riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa.
La defensa sostiene que no hay pruebas suficientes y señala una violación al principio de inocencia, pero los camaristas rechazaron estos planteos, validando la medida cautelar mientras se desarrollan las investigaciones.