“Estamos de acuerdo en que existan especialistas que puedan investigar a los ciberdelincuentes, pero los Arts. 6 y 7 de la ley que propone la Renovación son invotables”, afirmó el legislador. En este contexto, enfatizó que “la libertad de expresión en Misiones no se toca”.

El Artículo 6 permite al Fiscal de Instrucción Especializado en Ciberdelitos, ante la premura del caso, realizar el secuestro y la reserva de dispositivos electrónicos si existen sospechas de que han sido utilizados para llevar a cabo delitos. Para ello, podrá solicitar la colaboración de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (S.A.I.C.).

Por otro lado, el Artículo 7 establece que, en casos de injurias, calumnias y otros delitos cuando se usen medios digitales para crear y difundir noticias falsas, el Fiscal podrá aplicar las mismas medidas de secuestro de dispositivos mencionadas en el Artículo 6.

El fin del proyecto según el oficialismo

La Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones de la Cámara de Representantes de la provincia ha emitido un dictamen favorable que unifica las diversas iniciativas presentadas por los diputados Carlos Rovira, Rafael Pereyra Pigerl, José Pastori y Lilia Torres. Este proyecto se concretará si es aprobado en una próxima sesión parlamentaria.

Con la creación de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos, la provincia busca fortalecer la lucha contra los delitos en el ciberespacio. Esta nueva fiscalía, cuya sede estaría en Posadas, tendrá competencia para intervenir en todo el territorio provincial, abordando delitos como la trata de personas, la pornografía infantil y el narcotráfico, entre otros.

La fiscalía se encargará de investigar y perseguir delitos cometidos a través de medios informáticos, garantizando una respuesta rápida y efectiva ante situaciones críticas. Además, se enfocará en la prevención, mediante el análisis de tendencias emergentes en ciberdelincuencia y el desarrollo de programas de concienciación para la comunidad.

Otro aspecto destacado de esta iniciativa es la importancia de la colaboración interinstitucional. La nueva fiscalía trabajará en conjunto con fuerzas de seguridad, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, lo que permitirá un abordaje integral y coordinado ante la ciberdelincuencia. Esta sinergia es fundamental para maximizar recursos y eficacia en la detección y prevención de delitos digitales.

Además, el proyecto contempla la creación de un programa de apoyo para las víctimas de ciberdelitos, que buscará no solo ofrecer asistencia legal, sino también facilitar la recuperación de activos y datos robados.