La propuesta es que el Estado transfiera fondos mínimos a las provincias, dejando que cada distrito maneje el resto de los recursos.

De esta manera, se abre la posibilidad de implementar un arancelamiento en las universidades, si la propuesta estatal se implementa, que generaría un cambio en la forma de financiamiento de estas instituciones.

La idea se contempla en medio de un conflicto presupuestario con las universidades que llegó a su punto más alto con el anuncio presidencial del veto a la Ley de Financiación Universitaria, votada por las dos Cámaras, que obliga al Ejecutivo a una actualización de las las partidas presupuestarias con el objetivo de cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión universitaria. Además, fija que cada dos meses el Gobierno debería actualizar por inflación los presupuestos de las entidades educativas.